Abogado penalista para trabajadores agredidos: indemnización de 3.505 € a empleada de Ryanair

Asumí la defensa de una trabajadora de Ryanair que había sido agredida por un pasajero en la zona de facturación del aeropuerto de Alicante-Elche, como bien se hizo eco el diario información durante un conflicto por las medidas de una maleta. No se trataba solo de un altercado verbal: el pasajero la agarró por el cuello y la golpeó contra el cristal del mostrador, delante de otras compañeras.

La agresión no solo le causó lesiones físicas (cervicalgia, contracturas musculares, dolor en el brazo, eritemas…), sino también un importante daño psicológico, que requirió rehabilitación y asistencia psiquiátrica durante un proceso de curación que se prolongó 128 días. Además, el pasajero profirió amenazas graves de muerte contra ella y otras empleadas.

Mi intervención como abogado penalista para lesiones y amenazas

Represente a la afectada por la agresión. Desde el primer momento, mis objetivos fueron claros:

• Que se reconociera la gravedad de las lesiones físicas y psíquicas sufridas.

• Que el comportamiento del agresor no quedara minimizado como un simple “incidente” de aeropuerto.

• Que la víctima fuera debidamente indemnizada por todo el daño sufrido.

• Que se impusiera una condena penal ejemplarizante para disuadir este tipo de conductas hacia el personal de tierra y de atención al público.

Para ello, trabajé estrechamente con la víctima, recopilando informes médicos, psiquiátricos y de rehabilitación que acreditaran tanto el alcance de las lesiones como el trastorno adaptativo con alteración mixta de emociones y conducta que se le diagnosticó tras la agresión.

Igualmente, impulsé la práctica de prueba testifical de las compañeras que presenciaron los hechos y de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el aeropuerto, quienes corroboraron las amenazas de muerte y el nivel de agresividad del pasajero.

Estrategia procesal trabajada para garantizar el honor y compensación a la victima.

Durante la fase de instrucción y de preparación del juicio, sostuve la acusación por:

• Delito de lesiones, por la agresión física a la trabajadora.

• Delito leve de amenazas, por las expresiones intimidatorias y amenazas de muerte dirigidas a ella y a sus compañeras.

La solidez de la prueba recopilada permitió llegar, en la vista oral celebrada en septiembre de 2025 ante el Juzgado de lo Penal nº 4 de Elche, a un acuerdo de conformidad con la defensa del acusado y el Ministerio Fiscal, siempre salvaguardando los intereses de mi clienta.

¿El resultado? Se hizo un poco de justicia.

El acuerdo se plasmó en sentencia condenatoria que recoge:

• 3 meses de prisión para el agresor por un delito de lesiones.

• Multa de 180 euros por un delito leve de amenazas.

• Condena al pago de una indemnización de 3.505 euros a favor de mi clienta por las lesiones y el daño moral sufridos.

• Condena al pago de las costas procesales.

La pena de prisión fue suspendida por un plazo de dos años, con una advertencia clara: si el condenado delinque de nuevo en ese periodo o no cumple con el pago de la indemnización, se revocará la suspensión y deberá ingresar en prisión para cumplir la condena.

Mi defendida:

• Vio reconocido judicialmente todo el daño físico y psicológico que sufrió.

• Obtuvo una indemnización económica acorde con la entidad de las lesiones y el proceso de recuperación.

• Recibió el respaldo institucional y judicial frente a una agresión en su puesto de trabajo, algo esencial para poder cerrar esta etapa y continuar con su vida profesional.

Como abogado, mi prioridad en este asunto fue que una trabajadora que simplemente estaba cumpliendo con su trabajo no quedara desprotegida ante una reacción violenta e injustificable. Este caso refuerza la idea de que la violencia y las amenazas contra el personal de atención al público no pueden quedar impunes, y que el Derecho penal, bien utilizado, es una herramienta eficaz para proteger a las víctimas y reparar el daño sufrido.